El Tribunal Supremo ha emitido un fallo significativo el día 9 de abril, anulando el Real Decreto de mayo de 2022 que regulaba el arancel de los procuradores de los tribunales. Esta decisión se basa en la ausencia de un análisis detallado del impacto económico de la medida en los profesionales del sector, lo cual resulta crucial considerando la importancia de esta normativa en el ámbito económico de la profesión.
La sentencia, redactada por el magistrado Fernando Román García, subraya la necesidad de un análisis exhaustivo en la Memoria adjunta al Real Decreto sobre cómo esta regulación afectaría al colectivo de procuradores. Esta omisión en el análisis económico ha sido considerada insuficiente por el tribunal, incumpliendo así con las exigencias legales mínimas. Además, se destaca el papel fundamental de los procuradores en el funcionamiento de la Administración de Justicia en España, lo que añade peso a la necesidad de una regulación adecuada en el ámbito económico de su profesión.
El tribunal ha estimado el recurso presentado por varios colegios de procuradores, respaldando su argumento de que el análisis económico realizado en la Memoria no se ajusta a las exigencias de la Ley. Esta posición está respaldada por advertencias previas emitidas por diversas instituciones, como el Consejo de Estado, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Además, el Tribunal Supremo critica la falta de fundamentación sólida en la normativa respecto a los efectos sobre la competencia, señalando que las referencias al respecto son vagas y carecen de un respaldo argumental adecuado. Esta falta de justificación impide validar las conclusiones alcanzadas por la Administración en relación con los objetivos de la normativa.
Por último, se hace hincapié en que la reforma no puede ser considerada de poca relevancia para el colectivo de procuradores, a pesar de las afirmaciones de la Administración sobre futuras reformas más trascendentales en el régimen arancelario de la Procura. La sentencia enfatiza la importancia de una regulación adecuada y exhaustiva en el ámbito económico de esta profesión, dada su relevancia en el sistema judicial español.
