Abogados Derecho Concursal en Pamplona

NORMAS SOCIETARIAS

Celebración sin presencia física de las reuniones de los órganos de gobierno y administración de las sociedades y otras personas jurídicas. Extensión a las juntas generales y asambleas.

Habilitación para que los órganos de gobierno y administración de las sociedades y otras personas jurídicas puedan adoptar sus decisiones por procedimientos escritos.

Interrupción – no suspensión – del plazo dispuesto para la formulación de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles.

Suspensión y prórroga del plazo para evacuar elinforme de auditoría.

Modificación del plazo para la celebración de la junta ordinaria.

Incidencia de la declaración del estado de alarma sobre las juntas generales convocadas con anterioridad.
Posibilidad de sustituir la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Incidencia sobre el acta notarial.

Suspensión del ejercicio del derecho de separación que pudiera asistir a los socios de las sociedades de capital.
Prórroga del reintegro (rectius, reembolso) de aportaciones en sociedades cooperativas.

Disposiciones relativas a la disolución de las sociedades
Incidencia del estado de alarma sobre el régimen reservado para las sociedades cotizadas.

NORMAS REGISTRALES

NORMAS CONCURSALES
1.- Suspensión del plazo para cumplir con el deber de instar la declaración de concurso
2.- Otras previsiones en el ámbito concursal.
3.- Incidencia sobre los concursos en tramitación.
VIGENCIA DE ESTAS NORMAS

Preámbulo

El BOE de 1 de abril publicó el RDL 11/2020, de 31 de marzo, que complementa y modifica el RDL 8/2011. Con independencia de unificar en un solo texto la totalidad de la normativa mercantil vigente que resulta de ambas disposiciones y a fin de simplificar su comprensión, se incluye, a modo de preámbulo, un resumen de las modificaciones contenidas en el referido el RDL 11/2020

a) Añade la posibilidad de que las reuniones de los órganos de gobierno o administración también se celebren también por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo ex- prese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. Si bien suprime la referencia a que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, entiendo que debería entenderse vigente. Asimismo, autoriza, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, que durante el periodo de alarma, las juntas o asambleas de asociados o de socios puedan celebrarse por video o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los me- dios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

b) Precisa que pese a la prórroga para la formulación de cuentas, será válida la que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma, pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.

c) Contempla la posibilidad para aquellas sociedades mercantiles que hubieran formulado sus cuentas anuales con anterioridad a la declaración del estado de alarma puedan sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra diferente, si bien exige al órgano de administración justificar que lo es en base a la situación creada por el COVID-19 y que se acompañe escrito del auditor de cuentas indicando que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta. Asimismo, en aquellas sociedades que ya hubieran procedido a convocar la junta general ordinaria, se faculta al órgano de administración para retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado a efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de una junta general, que deberá celebrarse también dentro del plazo legalmente previsto para la celebración de la junta general ordinaria. La decisión del órgano de administración deberá publicarse antes de la celebración de la junta general ya convocada. En relación con la nueva propuesta deberán cumplirse los requisitos de justificación, escrito de auditor de cuentas señalados en el párrafo anterior. La certificación del órgano de administración a efectos del depósito de cuentas se limitará, en su caso, a la aprobación de las cuentas anua- les, presentándose posteriormente en el Registro Mercantil certificación complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

d) En relación con las sociedades cotizadas, cuando estas apliquen cualquiera de las medidas recogidas en el artículo 40.6 bis de este Real Decreto-ley, la nueva propuesta, su justificación por el órgano de administración y el escrito del auditor deberán hacerse públicos, tan pronto como se aprueben, como información complementaria a las cuentas anuales en la página web de la entidad y en la de la CNMV como otra información relevante o, en caso de ser preceptivo atendiendo al caso concreto, como información privilegiada.

e) Suspende temporalmente la aplicación del art. 64 de la Ley Concursal para los procedimientos de suspensión de contrato y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción de aquellas sociedades que se encuentran en situación de concurso de acreedores, de manera que en tanto se encuentre vigente dicho RDL la competencia para su tramitación y concesión dejará de ser de la del Juzgado Mercantil que esté conociendo del concurso, para pasar a la autoridad laboral, debiendo seguirse el recogido en el Estatuto de los Trabaja- dores con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley 8/2020. No obstante, expresamente se advierte que: a) la so- licitud del expediente deberá contar con la autorización dela Administración concursal o ser presentada por ésta, según cual fuera el régimen de intervención o de suspensión de facultades patrimoniales que hubiera sido acordado en el concurso; b) la Administración concursal será parte en el período de consultas; c) las decisiones de aplicación de las medidas se sujetarán al régimen de intervención o de suspensión de facultades patrimoniales que hubiera sido acordado en el concurso;
d) deberá comunicarse inmediatamente al Juez del concurso de toda solicitud y decisión adoptadas; y
e) toda impugnación en este ámbito se sustanciara ante el Juez del concurso, a través de incidente concursal en materia laboral, y la sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.

Dentro del conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis causada por el COOVID-19, se han adoptado algunas previsiones relevantes que inciden derechamente en la actividad de las personas jurídicas privadas, con especial relevancia para las sociedades mercantiles. En este sentido, se aprobó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que ha sido modificado – en algún aspecto relevante – por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Con esta nota de urgencia se busca informar brevemente sobre las disposiciones adoptadas, destacando los siguientes aspectos.

NORMAS SOCIETARIAS

1.- Celebración sin presencia física de las reuniones de los órganos de gobierno y administración de las sociedades y otras personas jurídicas. Extensión a las juntas generales y asambleas.
El artículo 40.1 de este Real Decreto-ley establece la posibilidad de que los órganos de gobierno y administración de las sociedades y otras personas jurídicas puedan celebrarse mediante videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple durante la vigencia del período de alarma (artículo 40.1).
Los sujetos beneficiarios de esta medida son las Sociedades mercantiles y civiles, Asociaciones, Cooperativas y Fundaciones.
Para poder celebrar las sesiones de estos órganos median- te videoconferencia no resulta necesario que cuenten con una autorización o régimen dispuesto en los estatutos sociales o en el acto de constitución de la persona jurídica, siendo bastante con la habilitación acogida en este Real Decreto-ley.
No obstante, si se exige que se satisfagan ciertos requisitos pues es presupuesto de la reunión que todos los integrantes del órgano dispongan de los medios técnicos necesarios y que el secretario del órgano reconozca a aquellos. Además, deberá cumplimentarse con una carga formal, pues el secretario deberá expresar las anteriores circunstancias en el acta de la re- unión, la cual deberá ser remitida por correo electrónico a los distintos concurrentes a la reunión.
De este modo, la norma dispone la plena validez y eficacia de la sesión del órgano de gobierno de estas personas jurídicas que se haya celebrado a través de estos instrumentos técnicos.
En igual sentido, se extiende esta posibilidad, siempre que se respeten las exigencias requeridas, respecto de las reuniones de las comisiones delegadas y las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas las personas ju- rídicas beneficiarias.
Esta habilitación se entenderá subsistente durante toda la vigencia del estado de alarma.
A los efectos legales, la sesión así celebrada se entenderá que ha tenido lugar en el domicilio de la persona jurídica.
Este régimen, inicialmente previsto para los órganos de gobierno y administración se ha extendido posteriormente a la celebración de las juntas generales y asambleas, debiendo observarse los requisitos señalados.

2.- Habilitación para que los órganos de gobierno y adminis- tración de las sociedades y otras personas jurídicas puedan adoptar sus decisiones por procedimientos escritos.
El artículo 40.2 del Real Decreto-ley dispone la posibilidad de que los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las sociedades y otras personas jurídicas puedan adoptar- se mediante votación por escrito y sin sesión. Esta habilitación será eficaz durante el período de vigencia del periodo de alarma.

Esta extensión se incorpora mediante el apartado 13 de la Disposición final primera del Real Decreto-ley 11/2020, por la que se modifica y da nueva redacción al artículo 40.2 del Real Decreto-ley 8/2020.

Los sujetos beneficiarios de esta disposición son las Sociedades mercantiles y civiles, Asociaciones, Cooperativas y Fundaciones.
A fin de acudir a este procedimiento escrito para la adopción de acuerdos, no es necesario que las personas jurídicas cuenten con una autorización o régimen dispuesto en los estatutos sociales o en el acto de constitución de la persona jurídica. Bas- ta con la habilitación que sanciona el Real Decreto-ley.
La decisión de acudir a este procedimiento escrito para la adopción de decisiones de los órganos de gobierno y administración corresponde a su presidente. No obstante, dicho procedimiento tendrá carácter necesario cuando así lo soliciten, al menos, dos miembros de dicho órgano.
El procedimiento escrito que se siga deberá ajustarse a las exigencias previstas en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil (en adelante, RRM), aplicable a todo supuesto con independencia de que la persona jurídica deba calificarse o no como sociedad mercantil

La norma dispone la plena validez y eficacia de la sesión del Consejo de administración o del órgano de gobierno de estas personas jurídicas que se haya celebrado a través de este procedimiento escrito.
De igual manera, se extiende esta posibilidad, siempre que se respeten las exigencias requeridas, respecto de las reuniones de las comisiones delegadas y las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas las personas jurídicas beneficiarias.
La habilitación para acudir a este procedimiento de formación de acuerdos se entenderá subsistente durante toda la vigencia del estado de alarma.
Esto es, que las personas con facultad de certificar (artículo 109 RRM) dejarán constancia en acta de los acuerdos adoptados, expresando el nombre de los administrado res, y el sistema seguido para formar la voluntad del órgano de administración, con indicación del voto emitido por cada uno de ellos.
Los votos por correo deberán remitirse dentro del plazo de diez días a contar desde la fecha en que se reciba la solicitud de emisión del voto, careciendo de valor en caso contrario.
Los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar del domicilio social y en la fecha de recepción del último de los votos emitidos.

A los efectos legales, la sesión así celebrada se entenderá que ha tenido lugar en el domicilio de la persona jurídica.

3.- Interrupción – no suspensión – del plazo dispuesto para la formulación de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles.
El Real Decreto-ley acoge una previsión de particular importancia (artículo 40.3), ya que adopta una medida necesaria con la que poder dar cumplimiento al deber de formulación de las cuentas anuales (artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capi- tal, en adelante, LSC).
Los sujetos beneficiarios de esta previsión son las Sociedades sometidas a la obligación de formular las cuentas anuales.
La interrupción del plazo para formular las cuentas anuales del ejercicio anterior queda referido a las cuentas anuales ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, en su caso, el informe de gestión y cualquier otro documento que resultara exigible.
Tras la finalización del estado de alarma se iniciará el cómputo del plazo de tres meses para la formulación de tales documentos.
Esta regla se ha completado advirtiendo la validez de la formulación de las cuentas anuales que se formularan durante la vigencia del estado de alarma, en aquellos supuestos en que por parte del órgano de administración no se acogiera al beneficio de la interrupción del plazo dispuesto por el artículo 253 LSC3.

4.- Suspensión y prórroga del plazo para evacuar el informe de auditoría.
El Real Decreto-ley acoge una previsión que ha de tener relevancia dada la fecha en que se declaró el estado de alarma.

Apartado 13 de la Disposición final primera del Real Decreto-ley 11/2020, por la que se modifica y da nueva redacción al artículo 40.2 del Real Decreto-ley 8/2020.

Con esta disposición (artículo 40.4) se atiende a aquellos su- puestos en que los administradores de una sociedad ya hubieran formulado las cuentas anuales, quedando así abierto el plazo para la emisión del informe de auditoría (artículo 270 LSC). En tales circunstancias, se establece una regla de sus- pensión y prórroga del plazo de que se dispone para emitir el informe de auditoría.
Los sujetos beneficiarios son las Sociedades que auditen sus cuentas anuales, tanto en los supuestos en que queden su- jetas por un deber de verificación contable (artículo 263 LSC) como en aquellos casos en que tal auditoría tenga carácter voluntario.
La aplicación de esta regla exige, en principio, la concurrencia de un presupuesto, pues la sociedad obligada a auditar sus cuentas ha de haber formulado éstas con anterioridad a la fecha de la declaración del estado de alarma4. No obstante, también se beneficiarán de esta suspensión y prórroga del plazo aquellas sociedades cuyo órgano de administración hubiera formulado las cuentas anuales durante la vigencia del estado de alarma.
Cuando se dieran estas circunstancias, quedará suspendido el plazo para emitir el informe de auditoría en tanto en cuanto no finalice el estado de alarma, de manera que a su término se abre el plazo de dos meses para evacuar el informe de audito- ría.

5.- Modificación del plazo para la celebración de la junta ordinaria.
En coherencia con las finalidades buscadas por el Real Decreto-ley y como consecuencia de las anteriores previsiones, se dispone una modificación del plazo en el que debe celebrarse la junta general ordinaria de las sociedades (artículo 40.5).

Si los administradores sociales no hubieran formulado las cuentas anuales en esa fecha, ha de recordarse la previsión del artículo 40.3 de este RD-L 8/2020, conforme con el cual queda interrumpido el plazo para cumplir con tal deber de formulación de las cuentas anuales.

Los sujetos beneficiarios son las sociedades sometidas a la obligación de formular y aprobar las cuentas anuales.
La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. Estas deberán haber sido formuladas, conforme previene el artículo 40.3 del Real Decreto-ley, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de finalización del estado de alarma.

6. Incidencia de la declaración del estado de alarma sobre las juntas generales convocadas con anterioridad.
El Real Decreto-ley también se ocupa de la situación en que pueden encontrarse aquellas sociedades cuyos administrado- res hubieran convocado la junta general con anterioridad a la declaración del estado de alarma, siendo su celebración posterior a tal fecha (artículo 40.6).
En estas circunstancias (junta convocada con anterioridad para su celebración durante la vigencia del estado de alarma) el órgano de administración que hubiera hecho la convocatoria queda facultado para optar por las siguientes respuestas.
En primer lugar, y pese a la convocatoria ya efectuada, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora pre- vistos para celebración de la junta, fijando una fecha posterior.
Pero, también, el órgano de administración podrá adoptar la decisión de revocar (desconvocatoria) la convocatoria efectuada.
En cualquier caso, y al margen de cuál sea la opción del órgano de administración, su decisión deberá ser publicada mediante anuncio insertado con una antelación mínima (cabe suponer que respecto de la fecha prevista para la celebración de la junta) de cuarenta y ocho horas.
En lo que hace a la forma de tal publicación, se dispone la inaplicabilidad de las reglas previstas en la normativa societaria (artículo 173 LSC), así como de los pactos estatutarios, pues el anuncio (de modificación de la convocatoria o de revocación de ésta) deberá ser publicado en la página web de la sociedad y, si ésta no existiera, en el BOE.
En todo caso, si la decisión adoptada por órgano de administración fuera la de revocar la convocatoria previamente efectuada (desconvocatoria), la junta deberá ser nuevamente convocada dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

7.- Posibilidad de sustituir la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
El Real Decreto-ley 11/2020 ha añadido un nuevo apartado al artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020 (artículo 40.6 bis).
Con esta nueva disposición se pretende posibilitar que la junta general, a propuesta del órgano de administración, pueda tener en consideración las circunstancias derivadas de la actual epidemia respecto de la propuesta de aplicación del resultado proveniente del ejercicio anterior, adoptando las medidas que estime pertinentes.
Con tal finalidad se diferencian dos situaciones posibles.
En la primera de ellas se atende a aquellas sociedades mercantiles que habían formulado sus cuentas anuales y que, tras la entrada en vigor del estado de alarma, convoquen su junta general. En tal supuesto, se autoriza al órgano de administración para sustituir la propuesta de aplicación del resultado ya formalizada por una nueva en la que pueda tenerse en consideración las actuales circunstancias.
No obstante, esta posible sustitución de la propuesta de aplicación del resultado ha de satisfacer dos exigencias.

Si se tratara de una sociedad cotizada, la norma advierte una exigencia más, pues tanto la nueva propuesta de aplicación del resultado, su justificación material y el pronunciamiento del auditor han de ser publicidad como información complementaria a las cuentas anuales a través de la página web social y en la de la CNMV como otra información relevante o, en su caso, como información privilegiada (artículo 41. 3)

En primer lugar. un requisito material, pues necesariamente deberá justificarse en razón de la situación creada por epidemia de COVID-19.
De otro lado, ha de observarse una exigencia de control ex- terno, en el sentido de que la modificación deberá acompañarse de un escrito del auditor en el que éste ponga de manifiesto que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta

De otra parte, y como segundo supuesto, está aquél en que no solo se hubieran formulado las cuentas anuales (a las que acompaña la propuesta de aplicación del resultado), sino que, también, la junta y hubiera sido ya convocada.
En este caso se dispone la posibilidad de que el órgano de administración, manteniendo la convocatoria hecha, retire la propuesta inicialmente presentada. Con tal finalidad, los ad ministradores deberán publicar su decisión de retirar su pro- puesta de aplicación del resultado con anterioridad a la junta convocada y que luego se celebrara.
Tras ese anuncio, los administradores sociales deberán convocar nuevamente a la junta general a fin de que por ésta se resuelva lo pertinente respecto de la nueva propuesta de aplicación del resultado que presente la administración social. Dicha junta habrá de celebrarse dentro del plazo dispuesto para la junta general ordinaria.
La nueva propuesta de aplicación del resultado aprobada por la posterior junta deberá satisfacer los anteriores requisitos de justificación y control por parte del auditor.
En relación con el depósito de las cuentas anuales en este caso (la junta aprobó las cuentas anuales en una primera sesión y en otra posterior la propuesta de aplicación del resultado) se dispone que la certificación primera se limitará a las cuentas anuales, mientras que en relación con la segunda se

Esta exigencia de control externo no parece que deba requerirse en aquellos casos en que la sociedad no sometiera a auditoría sus cuentas anuales, al igual que en los supuestos en que no se hubiera realizado aún el informe de auditoría, emitirá una certificación complementaria relativa a la propuesta de aplicación del resultado que ha sido aprobada.

9 – Incidencia sobre el acta notarial
El artículo 40.7 del Real decreto-ley acoge algunas previsiones en torno al acta notarial de la junta.
En este sentido, se dispone que, si se hubiera requerido al notario para que asistiera a una junta general, éste podrá valerse de medios de comunicación a distancia7.
Los medios utilizados por el fedatario público han de garantizar el cumplimiento adecuado y en tiempo real de la función notarial.

10.- Suspensión del ejercicio del derecho de separación que pudiera asistir a los socios de las sociedades de capital.
La declaración del estado de alarma también afecta al posi- ble ejercicio del derecho de separación que asistiera a un socio (artículo 40.8).
De este modo, y durante la vigencia del estado de alarma, la norma dispone que no cabe el ejercicio, por la causa que sea, del derecho de separación del socio.
Con esta regla no se priva al socio del derecho de separación que pudiera asistirle sino, simplemente, se suspende la posibilidad de su ejercicio durante la vigencia de este plazo.
Por ello, tras la finalización del estado de alarma, el socio podrá ejercitar su derecho de separación, aun cuando la causa en la que se ampare se hubiera producido con anterioridad.
Esta previsión ha de entenderse como un supuesto de interrupción – no de sus- pensión – del plazo dispuesto en el artículo 348.2 LSC, por lo que el plazo de un mes habrá de computarse a partir de la fecha de finalización del estado de alarma.

11.- Prórroga del reintegro (rectius, reembolso) de aportaciones en sociedades cooperativas
El artículo 40.9 Real decreto-ley dispone que el reembolso de aportaciones en sociedades cooperativas por causa de baja del cooperativista (artículo 51 de la Ley General de Cooperativas) que se produjera durante la vigencia del estado de alarma se prorroga hasta que transcurran seis meses a contar desde que su finalización,

12.- Disposiciones relativas a la disolución de las sociedades
Los apartados 10, 11 y 12 del artículo 40 de este Real Decreto-ley recogen un conjunto de disposiciones que inciden sobre el régimen previsto para la disolución de las sociedades.

Estas previsiones pueden agruparse del siguiente modo.
a) Ineficacia y prórroga del término de duración de la sociedad pactado en los estatutos sociales.
En primer lugar, si durante la vigencia del estado de alarma venciera el término de duración de la sociedad previsto en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho prevista en la legislación societaria (artículo 360.1.a] LSC).
La disolución de pleno derecho por causa del vencimiento del término estatutario se producirá una vez que transcurran dos meses a contar desde la fecha de finalización del estado de alarma.
b) Concurrencia de causa legal o estatutaria de disolución durante la vigencia del estado de alarma.
La concurrencia de una causa de disolución durante la vigencia del estado de alarma no produce los efectos previstos en la legislación societaria, afectándose el régimen de plazos exigidos para su verificación.
En este sentido, una vez acontecida la causa de disolución la sociedad, se dispone la suspensión de los plazos previstos en el régimen reservado para la disolución social.

Así, si en este periodo se diera una causa de disolución, la sociedad, a través de su junta general, deberá verificar o re- mover esa causa (artículo 364 LSC), pero no deberá adoptarse tal acuerdo en el plazo perentorio de dos meses, tal y como prescribe el artículo 365.1 LSC. En coherencia con tal previsión, también queda en suspenso el plazo dispuesto, ante la falta de tal acuerdo social o el acuerdo contrario a la disolución, para instar la disolución judicial (artículo 366 LSC).
De este modo, los plazos dispuestos para cumplir con los deberes exigibles ante la concurrencia de una causa de disolución quedan suspendidos durante la vigencia del estado de alarma. Una vez que finalice éste, se reanudará su cómputo9.
Estas reglas también habrán de aplicarse en aquellos casos en que la causa de disolución se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma y aun no se hubieran agotado en tal fecha los plazos dispuestos en la legislación societaria.
c) Incidencia en el régimen de responsabilidad de los administradores sociales.
En coherencia con las reglas anteriores, se prevé, respecto de las causas de disolución producidas durante la vigencia del estado de alarma, que los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo (artículo 367 LSC).

13.- Incidencia del estado de alarma sobre el régimen reservado para las sociedades cotizadas.
Se establecen ciertas reglas particulares en el régimen de las sociedades cotizadas (artículo 41).
Todas las medidas previstas para sociedades cotizadas tienen carácter excepcional y se aplicarán solo durante el año 2020 para las sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea.
Estas medidas pueden agruparse del siguiente modo.

A diferencia de otras previsiones, el Real Decreto-ley parece acoger en este punto una regla de suspensión de plazos y no de interrupción.

a) Prórroga para el cumplimiento del deber de publicación y remisión a la autoridad supervisora del informe financiero anual y del informe de auditoría.
Esta información podrá ser publicada y remitida a la CNMV en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de cierre del ejercicio social.
Sin embargo, ese plazo se reduce a cuatro meses respecto de la publicación de la declaración intermedia de gestión y del informe financiero semestral
b) Plazo para la celebración de la junta general ordinaria.
Se suspende la aplicación de los plazos dispuestos en la nor- mativa societaria (artículo 164.1 LSC), de manera que la junta general ordinaria de accionistas podrá celebrarse dentro de los diez primeros meses del ejercicio social.
c) Celebración telemática de la junta general.
Con independencia de que así se hubiera previsto en los estatutos sociales, el Consejo de administración podrá decidir en el anuncio de convocatoria que la asistencia a la junta general se haga exclusivamente por medios telemáticos y mediante voto a distancia.
De ser éste el caso, habrán de observarse los requisitos pre- vistos en los artículos 182, 189 y 521 LSC, así como, en su caso, lo dispuesto en los estatutos sociales.
También se excepciona la aplicación del artículo 175 LSC, de manera que la junta podrá ser convocada para su celebración en cualquier lugar del territorio nacional.
d) Imposibilidad de celebración de la junta general de las sociedades cotizadas.
Se contempla la posibilidad de que, como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades, la junta de una sociedad cotizada no pudiera celebrarse en lugar y fecha señalado en su convocatoria, y tampoco pudiera acudirse a los medios de asistencia telemática y voto a distancia.
Ante estas circunstancias se adoptan dos previsiones

En primer lugar, se contempla el supuesto en que la junta ya hubiera sido convocada con anterioridad a la declaración del estado de alarma y no se hubiera previsto su posible celebración con asistencia telemática y voto a distancia.
De ser éste el caso, la norma prevé la posibilidad de que el Consejo de administración publique un anuncio complementario de la convocatoria de tal junta con una antelación de, al menos, cinco días respecto de la fecha de su celebración. Respecto del contenido de tal anuncio complementario, y pese a la oscura redacción de la norma, parece razonable entender que el órgano de administración podrá resolver la celebración telemática de la junta así convocada o, bien, cambiar su lugar de celebración. Pero, no debiera haber obstáculo alguno para considerar que a la administración social también le asistiría la previsión del artículo 40.6 del Real Decreto-ley 8/2020 (dispuesta para toda sociedad), de manera que estará facultada para modificar la fecha y lugar de celebración de la junta, al igual que para acordar la desconvocatoria de la junta.
Pero, también, se tiene en consideración el caso de que, en las circunstancias descritas, no pudiera celebrarse la junta en el lugar y dirección indicados en el anuncio de convocatoria y, además, no fuera posible la publicación de ese anuncio complementario. En este caso, cabe diferenciar dos situaciones.
La primera de ellas sería aquella en que la junta se hubiese constituido válidamente en el lugar y sede fijados en el anuncio de convocatoria que fuera publicado, pero que no puede continuar celebrándose dadas las medidas públicas adopta- das. En tales circunstancias, la junta podrá acordar continuar su celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de la misma provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes. No se prevé los requisitos que deberá respetar tal acuerdo, por lo que ha de entenderse que será un acuerdo ordinario, con todas sus consecuencias en materia de quorum (artículos 193 y 201.1 LSC).
El otro supuesto es aquél en que esa junta no pudiera celebrarse conforme con las previsiones del anuncio de su convocatoria. Tal junta no celebrada por causa de las medidas adoptadas por las autoridades podrá de nuevo convocarse para una fecha posterior con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la junta anteriormente fracasada, con al menos cinco días de antelación a la fecha fijada para la reunión10. En estas circunstancias, el Consejo de administración podrá publicar un anuncio complementario, con igual antelación, disponiendo que la celebración de la junta se celebre por vía telemática mediante asistencia virtual del accionista o su representante, a través de representación conferida al presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia, o, bien, con el voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. La posibilidad de celebración telemática de la junta podrá actuarse por cualquier de estas vías, al margen de que así estuviera previsto en los estatutos sociales. La junta se entenderá celebrada en el domicilio social.
A los efectos de poder celebrar telemáticamente la junta ge neral de las sociedades cotizadas, se reitera la posibilidad de que los acuerdos del Consejo de administración y de las comisiones delegadas que fueran necesarios sean adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque esta posibilidad no esté contemplada en los estatutos sociales, siempre que los consejeros dispongan de los medios técnicos necesarios, sea reconocida su identidad por el secretario del órgano, y así se exprese en el acta de la reunión y en las certificaciones de acuerdos que se expidan.

NORMAS REGISTRALES.

El artículo42 del Real Decreto-ley sanciona una norma de indudable relevancia práctica.
En este sentido, durante la vigencia del estado de alarma, queda suspendido el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.
El cómputo de ese plazo se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma

10 Se exceptúa así la aplicación del artículo 177.3 LSC.

NORMAS CONCURSALES.

1.- Suspensión del plazo para cumplir con el deber de instar la declaración de concurso
De conformidad con cuanto dispone el artículo 43 del Real Decreto-ley, durante la vigencia del estado de alarma resultarán inexigibles ciertos deberes para los deudores.
Así sucederá respecto del deber del deudor de instar su declaración de concurso por encontrarse en insolvencia actual (artículo 5.1 de la Ley Concursal, en adelante, LC).
Pero, la misma regla se extiende en lo que hace al deber del deudor de instar su declaración de concurso por haber comunicado anteriormente al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de una negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis LC.

2.- Otras previsiones en el ámbito concursal.
Las solicitudes de declaración de concurso que se presenten durante la vigencia del estado de alarma o en los dos meses posteriores a su finalización no serán admitidas a trámite.
Transcurrido ese plazo, las solicitudes presentadas durante la vigencia del estado de alarma será admitidas a trámite, pero tendrá carácter preferente la presentada con carácter voluntario, aunque fuera de fecha posterior a otras. De este modo, se exceptúa la aplicación de la regla prevista en el artículo 15 LC.
Con estas particulares reglas, y en favor del deudor, se busca conjurar toda amenaza de que un acreedor pueda instar la declaración de concurso durante el periodo señalado.

3.- Incidencia sobre los concursos en tramitación.
Se disponen ciertas reglas particulares en relación con los deudores que se encuentren en concurso11, de manera que los procedimientos de suspensión de contrato y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción habrán de sujetarse a las previsiones del Real Decreto-ley 8/2020, siempre que con- curran los presupuestos señalados en los artículos 22 y 23 de esta norma.
De ser éste el supuesto, se excluye el procedimiento dispuesto con carácter general en el proceso concursal (artículo 64 LC), debiendo seguirse el recogido en el Estatuto de los Trabajadores con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley 8/2020.
No obstante, expresamente se advierte que:
a) la solicitud del expediente deberá contar con la autorización dela Administración concursal o ser presentada por ésta, según cual fuera el régimen de intervención o de suspensión de facultades patrimoniales que hubiera sido acordado en el concurso;
b) la Administración concursal será parte en el período de consultas;
c) las decisiones de aplicación de las medidas se sujetarán al régimen de intervención o de suspensión de facultades patrimoniales que hubiera sido acordado en el concurso;
d) deberá comunicarse inmediatamente al Juez del concurso de toda solicitud y decisión adoptadas; y
e) toda impugnación en este ámbito se sustanciara ante el Juez del concurso, a través

11 El apartado dieciséis de la Disposición Final primera del Real Decreto-ley 11/2020 añade una nueva Disposición Adicional décima en el Real Decreto-ley 8/2020- de incidente concursal en materia laboral, y la sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.

VIGENCIA DE ESTAS NORMAS.
Las Disposiciones finales novena y décima del Real Decreto-ley 8/2020 establecen el régimen de vigencia de sus disposiciones

La entrada en vigor de estas normas se produjo en la fecha de publicación de este texto en el BOE (18 de marzo de 2020).
Su vigencia se extiende por el plazo de un mes, sin perjuicio de su prórroga mediante Real Decreto-ley.
No obstante, aquellas medidas que, de conformidad con las previsiones de este Real decreto-ley, tengan un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.