El nuevo Real Decreto en materia de vivienda y alquiler, que entró en vigor el 6 de marzo de 2019, retoma las medidas aprobadas en el anterior Real Decreto 21/2018, el cual fue derogado mediante votación en el Congreso de los Diputados.
Las razones para su aprobación mediante Real Decreto vuelven a ser las indicadas en el anterior: la situación de vulnerabilidad de muchas familias, la escasez de vivienda social y la insuficiente oferta de alquiler.
Desde el 6 de marzo, los alquileres tienen una duración mínima de cinco años en caso de que el arrendador sea un particular y siete si es una persona jurídica (ya sea una empresa, o una entidad bancaria, etc.). Otro de los principales cambios es que si se produce la compra de una vivienda alquilada, el adquirente se subroga en los derechos y obligaciones del arrendador, de forma que el alquilado no está obligado a mudarse, aunque haya un nuevo propietario. También vuelve a entrar en vigor la nueva limitación a la actividad de pisos turísticos, que podrá realizarse mediante votación favorable de tres quintas partes de los propietarios, en junta.
En lo que respecta a medidas de protección social, cuando se efectúe el desahucio de un alquilado, se deberá informar a la persona de la posibilidad de acudir a los servicios sociales, por si existiera una situación de vulnerabilidad social (exclusión, desempleo, etc.).
Una de las medidas novedosas es la creación de un sistema estatal de índices de referencia en el precio del alquiler, que se elaborará en el plazo de ocho meses, mediante los datos de diversas administraciones.
Tras su puesta en marcha, serán los tribunales los que interpreten el contenido de estas nuevas normas.
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