Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, el ordenamiento jurídico español ha dado un giro hacia un enfoque más garantista e inclusivo en materia de discapacidad.
Esta ley reconoce a las personas con discapacidad plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. No obstante, en determinados casos pueden requerir medidas de apoyo para ejercerla adecuadamente, como sucede para la venta de un inmueble.
La venta de un bien inmueble es un acto de trascendencia jurídica y económica. Por ello, si la persona con discapacidad tiene dificultades para comprender, valorar o decidir sobre este tipo de operaciones, por ejemplo en el caso de personas con Alzheimer, puede requerirse una medida de apoyo judicial como la curatela.
¿Qué es la curatela?
La curatela es una medida de apoyo de carácter judicial destinada a aquellas personas que, debido a una discapacidad u otra circunstancia que limite su autonomía, necesitan asistencia para ejercer plenamente su capacidad jurídica en ciertos aspectos de su vida.
Este apoyo puede aplicarse en distintos ámbitos, como la gestión económica, la toma de decisiones personales o la firma de contratos, siempre adaptándose a las necesidades concretas de la persona y respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad.
Su finalidad principal es proteger los derechos y velar por el bienestar de quien requiere este tipo de acompañamiento.
Es importante destacar que, aunque ya se sea el curador de una persona que requiera medida de apoyo, hay que solicitar específicamente autorización al Juzgado para, por ejemplo, como explicamos en el blog de hoy, vender un bien inmueble.
Nuestro Código Civil establece que, para vender bienes inmuebles cuando la persona titular esté representada por un curador, será necesaria autorización judicial.
Esta autorización judicial actúa como una garantía para proteger a la persona con discapacidad frente a posibles abusos o decisiones que no respondan a su interés real. La intervención del juez permite valorar si la operación es necesaria, si responde a una finalidad legítima y si se ha respetado la voluntad y las preferencias de la persona.
Una vez valoradas todas las circunstancias, el juez dictará una resolución concediendo o denegando la autorización.
- Si se autoriza, podrá establecer condiciones específicas para proteger a la persona, como garantizar que el dinero obtenido de la venta se destine a una finalidad concreta (por ejemplo, adaptar una nueva vivienda, pagar una residencia o cubrir necesidades médicas).
- Si se deniega, la venta no podrá realizarse y cualquier intento de llevarla a cabo sin autorización puede acarrear la nulidad del acto e incluso responsabilidades legales.
Por todo ello, contar con asesoramiento legal especializado en estos procedimientos es fundamental. La venta de un inmueble en la que interviene una persona con discapacidad no es un proceso sencillo y debe manejarse con cuidado, rigor y profundo respeto a la voluntad de quien se encuentra en situación de vulnerabilidad.
En Elcarte Abogados te acompañamos en cada paso, facilitando todos los trámites legales y ofreciendo un asesoramiento claro y personalizado para garantizar un proceso seguro, ajustado a la ley y respetuoso con los derechos de la persona con discapacidad.
