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EN NAVARRA, 245 PERSONAS ENDEUDADAS OPTAN POR PRESENTAR UN CONCURSO CON LA ESPERANZA DE OBTENER EL PERDÓN DE SUS DEUDAS POR PARTE DE UN JUEZ.

En el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pamplona, están desbordados con la avalancha de solicitudes de concursos de acreedores de individuos endeudados por razones que no guardan relación con una actividad empresarial.

Según el informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales» de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, Navarra ha experimentado un aumento significativo, con 245 casos de concursos de acreedores entre enero y septiembre. Estos concursos involucran a personas físicas no empresarias, que se enfrentan a deudas relacionadas con hipotecas, préstamos personales o tarjetas de crédito con intereses elevados. En este escenario crítico, incluso aquellos que mantienen un empleo se ven afectados por el embargo de sus salarios, generando repercusiones negativas en sus finanzas familiares.

¿CUÁL ES LA RAZÓN DETRÁS DEL AUMENTO ACTUAL?

María Gracia Iribarren Ribas, abogada especializada en procedimientos de insolvencia, ha estado manejando casos relacionados con la Ley de Segunda Oportunidad desde 2015. A pesar de que han pasado ocho años desde entonces, las personas endeudadas suelen evitar esta vía debido principalmente a la falta de conocimiento. En septiembre del año pasado, se aprobó un nuevo texto para ajustar la Ley Concursal a la directiva europea, introduciendo modificaciones en cuanto a la «exoneración del pasivo insatisfecho», es decir, la cancelación de deudas para particulares, según aclara Iribarren.

Una de las novedades destacadas es que, a través del proceso concursal, la persona afectada tiene la opción de mantener su vivienda mediante un plan de pagos aprobado por el juez. Según explica esta abogada, esta es la razón por la cual los concursos de acreedores entre personas no empresarias han experimentado un aumento este año. Hasta septiembre, los Juzgados de lo Mercantil en Navarra registraron 245 casos de este tipo de deudores no empresariales, en comparación con los 30 contabilizados en el mismo período del año anterior.

Aquellas personas que optan por esta alternativa deben cumplir con varios requisitos, como no tener antecedentes por delitos económicos, no generar una situación similar en los próximos cinco años y asegurarse de que el concurso no sea declarado culpable, entre otros.

Según explica Iribarren, existen tres tipos de concursos: aquellos en los que la persona endeudada no tiene patrimonio, conocidos como «sin masa»; aquellos que implican un proceso de liquidación; y, por último, los concursos de liquidación con un plan de pagos. En este último tipo, se ha introducido el cambio que permite conservar la vivienda. Iribarren destaca que la vivienda es uno de los activos más valorados por los clientes, y por ello, luchan al máximo para evitar su pérdida.

Antes de octubre de 2022, mediante la Ley de Segunda Oportunidad, se procedía a la liquidación de todo el patrimonio, incluida la vivienda, para cubrir la mayor cantidad posible de deuda. Una vez calculado el monto abonado, el deudor quedaba exonerado del resto. Sin embargo, desde el año pasado, una persona física no empresaria puede conservar su casa. Para lograrlo, el solicitante debe expresar al Juzgado su interés en no perder la vivienda, y el propio concursado debe diseñar un plan de pagos al juez para abonar la cantidad restante en un período específico después de liquidar el resto.

PROCESO RÁPIDO

Además, los concursos de particulares que declaran no tener patrimonio, es decir, «sin masa», se resuelven de manera exprés. Según las estadísticas de Nastat, hasta septiembre, el 74% de estos procedimientos se han llevado a cabo de forma rápida. La abogada María Gracia Iribarren destaca que este tipo de concursos puede resolverse en un período de aproximadamente un mes o mes y medio.

Inicialmente, en los casos en los que el concursado no tiene patrimonio, no se designa un administrador ya que no hay activos para liquidar. No obstante, el juez informa a los acreedores, principalmente bancos, de que tienen 15 días para asignar un administrador concursal para este proceso, cuyos costos deben asumir ellos. Según la experiencia de la abogada especialista en estos concursos, la mayoría de los acreedores opta por no ejercer este derecho.

Una vez que el juez verifica el balance económico del concursado y el cumplimiento de todas las condiciones, se perdona la deuda. Iribarren destaca que estas personas logran que sus salarios dejen de ser embargados, ya que han perdido la totalidad de su patrimonio. Aunque la abogada ha enfrentado casos complicados, ya que muchos sienten vergüenza ante la posibilidad de que su fracaso se haga público, insiste en que, a diferencia de Estados Unidos, nuestro modelo social y cultural no sabe manejar esa frustración. Por lo tanto, cuando un juez dictamina la eximición de la deuda, estas personas finalmente pueden descansar.

¿Y LOS AUTÓNOMOS QUÉ?

La reforma de la ley Concursal no ha impactado de la misma manera en beneficio de los autónomos. A pesar de que este año se han dado de baja 573 trabajadores autónomos en Navarra, el informe del Consejo General del Poder Judicial solo ha registrado 31 concursos de acreedores presentados por personas naturales empresarias, asociadas a los autónomos, entre enero y septiembre. Esta cifra representa un 31% menos en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 45 concursos.

La normativa actual solo permite condonar un máximo de 10.000 euros de deuda con Hacienda y otros 10.000 euros con la Seguridad Social, una cantidad que a veces no resuelve los problemas de estos profesionales independientes con dichos organismos. Tanto la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Navarra como UPTA-UGT coinciden en que los autónomos no recurren al concurso de acreedores para solventar sus deudas.

¿Y EN CUANTO A LAS EMPRESAS?

Según el informe, el número de empresas que han presentado concursos en los primeros nueve meses ha aumentado en un 39%, pasando de 28 en 2022 a 39 este año. Los administradores concursales, al ser consultados sobre este tema, señalan que la dificultad para reembolsar los préstamos ICO, tras la moratoria otorgada a las empresas durante la pandemia, ha contribuido al crecimiento de los antiguos procesos de suspensión de pagos.

En total, Navarra ha experimentado casi un triple aumento en los concursos hasta septiembre, pasando de 113 en 2022 a 315 en 2023, abarcando principalmente a personas naturales no empresarias, personas naturales empresarias y personas jurídicas.

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